Bitcoin: La Señal #12 — Washington construye para quedarse
Hay semanas en que los gobiernos hablan sobre Bitcoin pero no hacen nada. Esta en cambio, fue una en que dos ramas del gobierno de Estados Unidos actuaron — el Congreso y la Casa Blanca — por separado, con instrumentos distintos, pero hacia el mismo propósito: cementar la presencia de Bitcoin dentro del sistema financiero de manera que no dependa de la voluntad del próximo gobierno. Vamos a revisar lo que pasó.
EL PROYECTO DE LEY ARMA SE PRESENTA FORMALMENTE EN EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS
En la edición #9 cubrimos el anuncio de Patrick Witt durante la Conferencia de Bitcoin 2026: en ese momento se anunció que el gobierno de Estados Unidos trabajaba en la arquitectura legal para acumular bitcoin de forma activa, y que el entonces conocido como el Bitcoin Act regresaría con un nuevo nombre. El 21 de mayo, ese proyecto llegó de manera oficial al Congreso.
Qué pasó: El 21 de mayo de 2026, el representante Nick Begich de Alaska, junto al representante Jared Golden de Maine — en una alianza bipartidista — presentaron formalmente ante la Cámara de Representantes la Ley de Modernización de Reservas Americanas, conocida como ARMA, por sus siglas en inglés. El proyecto establece la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin dentro del Departamento del Tesoro, con la instrucción de mantener los bitcoins que ya posee el gobierno federal por un mínimo de 20 años. Además, autoriza al Tesoro a adquirir hasta 200,000 bitcoins por año durante cinco años, con el objetivo de construir una reserva de un millón de bitcoins en total. El proyecto también exige publicaciones trimestrales de “Prueba de Reserva” — auditorías independientes verificables — y garantiza explícitamente el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y custodiar sus propios activos digitales. Al momento de la presentación, el proyecto contaba con más de 20 congresistas co-patrocinadores, lo cual no es un detalle menor.
Por qué importa: Hay una diferencia que vale la pena señalar entre lo que Estados Unidos tiene hoy y lo que ARMA propone. Hoy, el gobierno tiene aproximadamente 328,372 bitcoins — cerca de 25,000 millones de dólares — principalmente como producto de incautaciones. Eso es una postura pasiva: el gobierno los tiene porque los tomó, no porque decidiera comprarlos. ARMA cambiaría eso: convertiría la acumulación de bitcoin en un mandato legal, con un objetivo numérico, un calendario de adquisición y mecanismos de rendición de cuentas ante el Congreso. Para América Latina, donde las reservas de divisas, los fondos soberanos y las estrategias de largo plazo de los bancos centrales se calibran en gran medida frente a lo que hace el sistema financiero de Estados Unidos, la codificación en ley de una reserva estratégica de bitcoin no es un evento abstracto — es el tipo de señal que eventualmente obliga de manera directa a otros países a hacer preguntas que antes preferían no hacer.
Para pensar: Un gobierno que tiene bitcoin por incautación puede decidir venderlo en cualquier momento, basta una decisión del gobierno actual o de un gobierno futuro. Pero un gobierno que tiene bitcoin porque la ley se lo ordena acumular, auditar y mantener por al menos 20 años, no puede. Esa diferencia — entre postura y mandato — es lo que ARMA intenta construir, dentro del reconocimiento que el gobierno le ha dado a Bitcoin como un activo de importancia estratégica nacional.
TRUMP FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE ABRE LAS PUERTAS DEL SISTEMA DE PAGOS DE LA RESERVA FEDERAL A EMPRESAS FINTECH
Una de las barreras históricas más silenciosas para las empresas de Bitcoin y activos digitales en general no ha sido regulatoria ni legal — ha sido de infraestructura. El acceso a las cuentas maestras de la Reserva Federal, que determinan quién puede mover dinero dentro del sistema bancario de Estados Unidos, ha estado cerrado para casi todas hasta hace poco. El 19 de mayo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que podría comenzar a cambiar eso.
Qué pasó: El 19 de mayo de 2026, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva titulada “Integrando la Innovación Tecnológica Financiera en los Marcos Regulatorios.” La orden instruye a seis reguladores financieros federales — incluyendo la SEC y la CFTC — a identificar, en un plazo de tres meses, todas las reglas que dificultan innecesariamente el acceso de empresas fintech y de activos digitales al sistema financiero. En paralelo, el documento dirige específicamente a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal a evaluar si las empresas de activos digitales no aseguradas deben poder acceder directamente a las cuentas de pago de los bancos de la Reserva. También pregunta a los 12 bancos regionales de la Fed si tienen capacidad de actuar de manera independiente para otorgar esas cuentas. Esto se suma a un precedente ya establecido: hace unos meses, el Banco de la Reserva Federal de Kansas City había otorgado a Kraken — cubierto en la edición #2 de esta newsletter — acceso limitado a una cuenta maestra de la Fed, el primero de su tipo para una empresa de activos digitales.
Por qué importa: El acceso a las cuentas maestras de la Reserva Federal no es un tecnicismo bancario menor. Es lo que determina si una empresa puede mover dinero dentro del sistema de pagos de la economía más grande del mundo sin depender de un banco intermediario dispuesto a abrirles una cuenta. Históricamente, esa dependencia ha sido el punto de estrangulamiento de las empresas de Bitcoin: cuando los bancos decidían cerrarles las cuentas, el negocio se detenía. Si esta revisión concluye en que las empresas de activos digitales pueden acceder directamente a la infraestructura de pagos de la Fed, cambia de manera estructural la posición de esas empresas dentro del sistema financiero — ya no como visitantes tolerados e incluso marginados, sino como participantes con acceso directo. Para los usuarios en América Latina, eso se traduce en mayor estabilidad y escala de los servicios que ya usan hoy: exchanges, plataformas de custodia, productos de ahorro en bitcoin.
Para pensar: La conversación sobre Bitcoin en muchos países de la región sigue siendo “¿permitirán que exista?” La pregunta concretamente en Estados Unidos ya es otra: “¿con qué nivel de acceso a la infraestructura financiera del Estado operará?” Ese desfase define dónde estamos en el ciclo de adopción. Y porque ya es momento de prestar atención.
Hay que ser claros en que ni ARMA ni la orden ejecutiva son el capítulo final de esta historia — ARMA todavía tiene que recorrer el Congreso completo, y la revisión que la Fed debe completar tiene sus propios plazos. Pero cada uno de estos pasos cambia el piso sobre el que se construye lo que viene. Si tienes cerca a alguien que trabaja en el sector bancario o que sigue de cerca cómo el sistema financiero evoluciona, esta edición tiene contexto que vale la pena compartir.
Hasta la próxima semana, ignora el ruido y sigue la señal.
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